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En torno al manifiesto sobre el uso del catalán

El País, 5 de julio de 1981

Las polémicas en torno a la enseñanza en Cataluña del catalán y del castellano, y en catalán y en castellano, y las presuntas discriminaciones contra quienes sólo se expresan en castellano dentro de esa comunidad autónoma, han alcanzado un grado de crispación y virulencia que amenaza con ser utilizado por los adversarios del régimen democrático. Al abrir las páginas de EL PAIS a ese debate, desearíamos contribuir a que las posiciones dialogantes, constructivas y honestas ocuparan el lugar de las diatribas e insultos -y, por supuesto, de los tiros en las piernas- y esclarecieran los temas sometidos a discusión a través de un mejor conocimiento de los datos y argumentos aportados por unos y otros.

El editorial de EL PAIS Recelos anticatalanes, del 4-5-1981, tiene como tema único el Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. No el problema de esa igualdad de derecho, los hechos que la vulneran y la política nacionalista que así lo propugna, sino exclusivamente un texto y la intención y ficha política de sus Firmantes. Cabría esperar de la importancia y actualidad del asunto una valoración del tema, de los hechos y, en última instancia, una valoración de las diversas posturas públicas manifestadas últimamente al respecto. Así solía hacer los editoriales EL PAIS cuando los hacía a mano y así se le apreciaban. En esta ocasión, no sólo hace lo contrario de lo que acostumbra y predica, sino que tergiversa, de modo expreso y literal, un texto y ofende a los firmantes y a los miles de personas que -bien en público, bien en privado, por temor a las represalias políticas y laborales- se han solidarizado con ellos, cuando se les acusa de pedir públicamente la vuelta del franquismo. Si todo ello es falso, si el Manifiesto no es lo que EL PAIS dice que es, ni dice las cosas que le atribuye, ni los firmantes han pedido o piden en él un golpe fascista, y si el Manifiesto no ataca el uso oficial y público del catalán, sino que pide sencillamente, en cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, la igualdad en el uso oficial, escolar y laboral, del castellano, lengua propia de la mitad de la población de Cataluña, EL PAIS debe hacer -o, cuando menos, permitir- una reparación a esas personas y una explicación a sus lectores de toda España. A nadie honraría más que al mismo periódico la rectificación razonable de unos juicios emitidos en un momento de crispación evidente y excesiva, tanto en lo político como en le periodístico, situación explicable, pero que en nada ayuda a mejorar la puñalada trapera o la rabieta ideológica. Porque cualquiera, cualquiera que no sea un nacionalista obtuso, puede fácilmente comprobar, pasando simplemente un día fuera de las alfombras de la Generalidad, que la cuestión lingüística es hoy, en todas las clases sociales, el principal motivo de inquietud. Y esa realidad, que ni la ha inventado ni la ha provocado el Manifiesto, es lo que el editorial citado no aborda siquiera, limitándose a atacar a quienes tienen poco con que defenderse.

No querríamos tener que hacernos, tras esta radical toma de postura de un periódico tan estimable por otras razones, ciertas preguntas, ahora obligadas: ¿Por qué el Manifiesto, objeto de editorial dos meses después, no fue publicado, ni aun reseñado parcialmente en el momento de su aparición? ¿Por qué se escamoteó al lector cualquier información sobre el texto, la identidad y las intenciones de los firmantes, a pesar de que le fue ofrecido a EL PAIS el primer resumen del texto y una serie de datos inéditos acerca de su elaboración a las veinticuatro horas de publicado? El único periódico nacional que no ha dado noticia del Manifiesto es EL PAIS. ¿Por qué? Resulta difícil de aceptar que sea, simplemente, por haber sido publicado en exclusiva por Diario 16. También resulta difícil de aceptar que sea la posible próxima edición de EL PAIS en Barcelona lo que hiciera que, en cambio, sí se publicasen las réplicas oficiales de la Generalidad al Manifiesto -excluyendo los insultos, que dañarían la imagen de ciertos políticos catalanes en toda España-, así como que posteriormente, y en las páginas de «Opinión», se hayan sucedido un montón de artículos contrarios al Manifiesto, tanto de turistas madrileños con empleos autonómicos como de cargos públicos de la Generalidad o representantes de posturas políticas coincidentes en su asimismo anticastellano. Ni un solo artículo ha podido expresar una opinión diferente, favorable al Manifiesto. Como alarde de liberalismo, no está nada mal. Esa creciente campaña de parcialidades culmina en el editorial de marras. Allí se dice que el llamado manifiesto (¿este es el estilo editorial de EL PAIS?) va firmado por «2.300 intelectuales, ni uno menos». Lo que demuestra que el editorialista no ha querido o podido leer ni siquiera el comienzo del mismo. Allí sé dice: «2.300 intelectuales y profesionales, que viven y trabajan en Cataluña», porque resulta que son profesionales, trabajadores, obreros, la mayor parte de los firmantes y adherentes. El grupo más numeroso fue precisamente el de los 1.500 trabajadores de Seat, mayoritariamente socialistas, que, cuando la Prensa en castellano -propaganda y negocio obligan- del nacionalismo catalán comenzó su campaña contra nosotros, quiso hacernos llegar de modo expreso su solidaridad. Así que no firmaban en papel de barba, ni eran funcionarios. ¿Pero es que va a resultar ahora que cualquier funcionario del Estado, excepto algunos reciclados del franquismo al pujolismo es, por principio, franquista? ¿Es que sólo van a tener derecho, siquiera a hablar, los funcionarios escogidos a dedo por el nacionalismo? ¿Es que cualquier maestro nacional que no sea flexible de cerviz o acepte irse es un enemigo público de Cataluña?

Invitamos al lector a procurarse un Manifiesto y a encontrar una sola, una sola de las afirmaciones que se nos atribuyen contra el uso público o institucional del catalán. Anecdótica es la preocupación exclusiva del editorialista por la publicación del Boletín de la Generalidad. exclusivamente en catalán. ¿Creerá tan imbéciles a los que llama « fáciles oídos de Madrid» como para pensar que esa anécdota es la única, y que no significa toda una política? ¿Es una anécdota también que sólo media docena de diputados al Parlamento catalán, de más de 130, hablen en castellano, cuando la mitad de la población es de esta lengua? ¿Es una anécdota que incluso los partidos estatales cambien el nombre de pila de sus candidatos, bautizándolos catalanes, o que expedienten a los que se oponen a la política asimilista? ¿Cuántos castellanohablantes hay en los cargos de poder político en Cataluña? ¿Eso son anécdotas o símbolos indudables de una discriminación real y creciente?

¿Es una anécdota sin valor la carta del ex presidente Tarradellas, en la que no sólo se confirma y se denuncia la discriminación contra los españoles de otras partes afincados en Cataluña, sino que se hace directamente responsable a la Generalidad actual, empezando por Pujol, que es quien nombra a sus ministros, de la destrucción de ese ambiente de tolerancia o discrepancia civilizada que durante la transición y hasta no hace muchos meses existía en Cataluña? ¿Cómo es posible, fuera de un impropio ajuste de cuentas periodístico, del que el Manifiesto ha sido víctima propiciatoria, que EL PAIS quiera ignorar el profundo significado cultural y político de esa crisis lingüística que hasta el ni más ciego puede observar? Y lo que resulta vergonzosamente injusto, por ser falso a sabiendas, es que se llegue, y en un editorial nada menos, a pintarnos como «los firmantes que se atreven a pedir la restauración de una situación que a tantos españoles, catalanes y no catalanes, nos mantuvo en el exilio o la desesperación». Es decir, que se nos acusa públicamente de pedir la vuelta al franquismo, que se acusa a una serie de personas conocidas y a miles de otras que, a pesar del auténtico terrorismo laboral catalanista, les apoyan, de fascistas.

Muchos insultos y calumnias se han vertido en Cataluña contra el Manifiesto de Barcelona, empezando por el enemigo o adversario público de la Constitución española señor Barrera (el que afirmó en el Congreso que no reconocía más patria que Cataluña ni más bandera que la catalana; el que ha dicho públicamente: «Cataluña no debe nada a los emigrantes», amén del «quien no esté contento, que se vaya»; el que hoy, como paradójico protector constitucional de todos los ciudadanos de Cataluña, predica el desprecio contra los firmantes del Manifiesto) hasta los que pescan en la ruin barca de los escritores catalanes en castellano compungido, que predican a los demás lo que ellos no son capaces de aplicarse a sí mismos, para ver si se les «agradecen los servicios prestados» con alguna prebenda del germano-zamorano independentista Max Cahner. Mucho se ha dicho, pero ni los catalanistas más tronados se han atrevido a editorializar como EL PAIS, acusándonos directamente de fachas.

Aquí el único fascismo de acción y de opinión sería el de los que enarbolan el eslogan típicamente franquista: «Si no te gusta lo que hay, fuera», política de hechos consumados a la que quiere plegarse y plegarnos un órgano supuestamente liberal y español. ¿Ya se ha olvidado cómo y cuánto se usó, en el reciente pasado, esa divisa «el que no esté conforme, que se vaya» como para que hoy la acepten desde los ministrillos pujolistas que afirman que «los emigrantes no tienen cultura» hasta los neonacionalistas como Aranguren o Savater, defensores de oficio de las minorías que dan algún provecho?
«La desesperación y el exilio» es lo que intentan provocar los que pintan insultos -eso sí, en catalán normalizado- en nuestros lugares de trabajo o en las puertas de nuestros domicilios -en algún caso hasta tres noches consecutivas- Fascismo sin careta es el de las amenazas de muerte a quienes presiden centros adheridos al Manifiesto. Anécdota, no muy anecdótica, pero muy fascista, es la expulsión de uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual de Cataluña, por cierto de los que hablan catalán, por haber firmado el Manifiesto. Y es que la reacción contra éste ha sido la mejor demostración de esa situación de intolerancia feroz hacia todo el que no asuma el dogma de la catalanización lingüística impuesta por el nacionalismo.

Que encima de estar pasando todo esto, se nos llame ahora en Madrid, aunque sea dictado desde Barcelona, fascistas a nosotros es algo que clama al cielo. ¿Y quiénes son esos golpistas? ¿Los socialistas y sindicalistas que son el grupo mayor del Manifiesto se han convertido de represaliados por el franquismo en sus restauradores? ¿Los obreros de la Seat son el ejército de ocupación neofranquista? ¿Tarradellas es el cerebro de la conspiración anticalana?

Fascismo, creíamos, es perseguir al que disiente, expulsarlo de un territorio; impedir que, incluso fuera de él, pueda contarlo. Exactamente lo que, por poner anécdotas frescas, consiguieron, para vergüenza del PSOE aragonés, Carlos Barral y otros demócratas a la catalana, vetando a un representante del Manifiesto en el congreso Problemas del bilingüismo en España, celebrado el 9 y 10 de mayo en Zaragoza. ¡Pero no, somos nosotros, los que en algunos casos tendremos que irnos a empujones, después de muchos años en Cataluña, los fascistas!

Que todavía hay una parte de escolares de lengua catalana que no pueden recibir toda la enseñanza en su lengua materna es todavía, tristemente cierto; pero que ya hay miles de escolares de lengua castellana que, además de la enseñanza obligatoria del catalán que la Generalidad reconoce superior al 95 %, ya no pueden recibir toda la enseñanza en su propia lengua, sin que ni la Generalidad ni el Estado tengan intención de garantizar lo que la Constitución y el Estatuto dicen, es, repetimos, ya, un hecho flagrante y sangrante, que no tiene nada de anecdótico y todo de anticonstitucional. Que todavía no haya acabado de repararse una injusticia no es motivo, que pueda justificar el que ya haya empezado otra.

Nosotros hemos pedido un censo lingüístico, un mapa língüístico escolar y la explicación de cómo la Generalidad va a garantizar efectivamente, y empezando por la escuela y la universidad, esa igualdad de derechos lingüísticos exigida por las leyes de nuestra democracia. Se nos ha respondido con insultos, amenazas y provocaciones. Ya los hemos oído. Ahora esperamos razones y explicaciones. Y si EL PAIS no es capaz de ofrecer en su editorial las segundas, debería evitar su participación con los primeros en la «caza del firmante», por más honorables que se titulen sus cazadores. Mientras no se demuestre lo contrario, y no se demuestra, los únicos demócratas somos los que exigimos el cumplimiento de la Constitución, y los únicos totalitarios o fachas son los que, por acción u omisión, impiden que se cumpla. En este mismo periódico, para mayor escarnio, están publicados textos en nuestra línea y con nuestro nombre hace no mucho tiempo. Ahí están y ahí está el Manifiesto para que el lector juzgue si ese editorial no es acaso el más desoladoramente injusto de los cinco años de EL PAIS. Eso, si es que todavía no han convencido al lector de que criticar la política ultranacionalista de un departamento de la Generalidad es desestabilizar la democracia española, y no, como pensamos nosotros, defenderla.

F. Jiménez Losantos, Carlos San José, Luis Reinoso y Santiago Trancón.
Comité de redacción del Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña.

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