Ante los sucesos de Bilbao

Hace bien pocos días que un diputado republicano, con anuencia de casi toda la Cámara, llamaba la atención del Gobierno sobre el hecho anómalo, verdadera y cruel paradoja, de que la fuerza pública se viera obligada con harta frecuencia a reprimir a las masas republicanas cuando éstas exteriorizan su protesta ante la torpe y provocadora campaña de propaganda antirrepublicana que llevan a cabo, a favor de una mal entendida tolerancia, los extremistas ultrarreaccionarios. Resulta absurdo e irritante que el poder coactivo de la República, garantía del orden, se emplee precisamente contra los buenos republicanos para proteger a quienes promueven el desorden. Pues no otra cosa viene ocurriendo de algún tiempo a esta parte con los mítines llamados revisionistas, en los cuales han podido dirigirse impunemente las más groseras invectivas al Parlamento, al régimen e incluso a las personas de los ministros y de los diputados.

Equivocadamente, a juicio nuestro, ha querido el Gobierno extremar su benevolencia con esos elementos, que no la merecen, y que ahora recaban para sí, poniendo el grito en el cielo, una libertad que durante toda su vida negaron a los demás. Pero esto, con ser mucho, sería lo de menos si se limitaran a usar de la libertad. Lo más grave es que no saben usarla más que para abusar de ella. Y ese abuso, lejos de moderarse, ha venido haciéndose más intolerable a medida que pasaban los días y comprobaban que la República, si peca de algo, no es de rigurosa, como ellos temían, sino de excesivamente blanda. A la tolerancia han correspondido con la intransigencia y la amenaza; al respeto, con el insulto y la provocación.

Que esa campaña de agitación contra el régimen había de producir disgusto, y que ese disgusto había de manifestarse en una vigorosa reacción de socialistas y republicanos, era cosa evidente y por todos sabida. Lo que no podíamos sospechar es que fueran los propios provocadores los que, no conformes ya con su propaganda injuriosa desde la tribuna, pasaran tan rápidamente a la propaganda por la acción. No creíamos que su envalentonamiento, favorecido por la impunidad, llegara hasta ese punto. Sin embargo, ahí están los sucesos de Bilbao que no dejan lugar a dudas. Primero han hablado los trogloditas; después han hablado las pistolas. Y es inútil que se nos diga que lo uno no tiene relación con lo otro, porque toda la propaganda reaccionaria la pública y la privada- no es más que una prepraración a la ofensiva armada contra la República y sus defensores. Si hasta dentro del propio Parlamento se agitó en más de una ocasión el espantajo de la guerra civil incivil, mejor dicho-, ¿qué de extraño tiene que en la calle produzca chispazos sangrientos la brutalidad tradicional del tradicionalismo?

Cuatro hombres asesinados con alevosía tres de ellos socialistas; republicano el otro- y otros muchos heridos nos parecen motivo más que suficiente para que el Gobierno piense con detenimiento en la necesidad de acabar con una situación que ha producido ya muchos daños y habría de producirlos mayores todavía. Aún puede admitirse no sin reparos por nuestra parte- aquello de que la República debe ser para todos, frase hecha en la que se escudan sus enemigos. Lo que no puede permitirse es que la paz de la República esté a merced del cretinismo o del fanatismo clerical. Y menos cuando se manifiesta con los caracteres de violencia que se han dado en Bilbao, donde hasta desde los conventos se ha hecho fuego sin respetar -¡ellos que invocan a la autoridad constantemente!- a la fuerza pública.

No se puede tampoco someter a una prueba demasiado larga la paciencia de socialistas y republicanos, que ven cómo se atenta contra la República a cara descubierta. Son ya demasiadas provocaciones las que llevamos sufridas y es ya demasiado crecido el tributo de sangre que estamos pagando nosotros sobre todo- a la vieja España superviviente. Un día es el caciquismo rural; otro día es la guardia civil puesta al servicio de ese caciquismo; otro es el clericalismo desatado quien nos arrebata alguna vida. Para evitar todo eso se votó en las Cortes la ley de Defensa de la República. Pero esa ley es un arma que se va pareciendo mucho a la carabina de Ambrosio. Y urge que sepamos a qué atenernos. Porque si ha de ser la fuerza la que venga, a nosotros que tenemos la razón- no nos faltan ánimos ni habrían de faltarnos medios para imponer la justicia por nuestra cuenta.